UNIARTE es la entidad autorizada por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) para la administración de los derechos patrimoniales que se generan en favor de los autores y artistas por la comunicación pública de sus obras y/o actuaciones fijadas en fijaciones audiovisuales, protegidas de conformidad a la legislación nacional vigente.
Por ello, como única entidad que representa los derechos de propiedad intelectual de las actrices y actores nacionales y extranjeros en el Ecuador, y en relación con la campaña #actuaportusderechos, expresa lo siguiente:
I. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, vigente desde el 2016, reconoce un derecho de remuneración para los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales (art. 225) respecto de sus obras y/o interpretaciones y ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales en el momento en que se realizan actos de comunicación pública comprendidos en el artículo 123, párrafo segundo. Los llamados a reconocer estos derechos, son aquellos usuarios que llevan a cabo tales actos de explotación como las televisiones, cableoperadores o plataformas, entre otros. Los principales organismos de radiodifusión han hecho caso omiso de sus peticiones y no pagan el derecho de remuneración equitativa. Con algunos de ellos, UNIARTE mantuvo varias reuniones informativas para explicar la necesidad de que paguen por el uso de las interpretaciones audiovisuales, mientras que otros se han negado siquiera a recibirnos. Actualmente, UNIARTE ha emprendido acciones legales y espera el pronunciamiento de la Autoridad de Control, para hacer efectivos los derechos de los actores y actrices.
II. Este derecho, irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria, está consagrado a nivel internacional en países como Colombia, Chile, España, Perú o Mexico, entre tantos otros, por ser el único mecanismo eficaz que permite a los actores y actrices participar de los rendimientos económicos por la explotación masiva de sus interpretaciones.
III. En Ecuador, en lo que respecta a la propuesta económica y el pago solicitado, es fundamental resaltar que las tarifas de UNIARTE, en estricto cumplimiento de lo señalado en la ley, cumplen con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad, como queda determinado en las resoluciones del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales mediante las cuales han sido aprobadas por dicha Autoridad de Control.
IV. Es, por decir lo menos, preocupante que a pesar del reconocimiento de tales derechos, menos del 10% de los intérpretes pueden vivir profesionalmente de la actuación.
V. El sector audiovisual, como muchos otros, se ha visto gravemente afectado, Sin embargo, la situación de los actores y actrices del país es crítica, ya que canceladas la mayoría de producciones, muchos de ellos no han podido ejercer su profesión mientras ven, con suma perplejidad, que su trabajo sigue siendo explotado sin percibir ningún tipo de rendimiento económico, a pesar de que la ley les ampara.
Por todo lo anterior, instamos a que se cumpla lo que está reconocido legalmente, ya que el futuro del audiovisual de nuestro país está en juego. Los cimientos sobre los que se asienta una industria audiovisual sana pasan por el reconocimiento de los derechos de sus titulares. Porque los actores y actrices, la cara visible de las series y películas que todos consumimos, lo merecen. El impacto del reconocimiento del derecho es innegable, como en nuestro país vecino, Colombia, en el que gracias al pago de las televisiones en abierto a raíz de la aprobación de la Ley Fanny Mikey de 2010, el nivel de profesionalismo de su industria resulta ejemplar. Por ello, además de mostrar nuestro apoyo incondicional al movimiento “Actúa por tus derechos”, invitamos a las principales televisiones a que conversen con nosotros para cumplir con la ley retribuyendo de manera adecuada a los creadores de una industria esencial, ya que ha seguido sirviendo de luz y entretenimiento en los momentos más oscuros y más difíciles.